El texto, que se discutió en el Consejo Fiscal los pasados 11 y 17 de diciembre, advierte igualmente de los riesgos que entraña el proceso continuado de modificaciones en el Código Penal, "que merman considerablemente la seguridad jurídica".
Así, se recuerda que la vigente norma "es la vigésimo cuarta que pesa sobre el vigente Código penal desde el año 1998". El Ministerio Fiscal entiende que las modificaciones "debieran restringirse a los supuestos estrictamente necesarios por razones de política criminal" y acometerse tras "un intenso estudio de la jurisprudencia, doctrina científica, derecho comparado y, sobre todo, tras una profunda reflexión y con el máximo consenso posible dada la incidencia que tiene en la sociedad en su conjunto".
